Ciudad de México. La Red Nacional “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT), que aglutina a 88 organizaciones civiles, emitió una Acción Urgente ante las irregularidades que ha documentado en el proceso penal por el asesinato de Marcos Aguilar Rojas, el 26 de noviembre del 2025, y la tentativa de homicidio de Gabriel Aguilar Rojas, ambos defensores del territorio de la comunidad indígena Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, Jalisco.

Denunció que el 6 de julio pasado, en el Juzgado de Control, enjuiciamiento y Ejecución del Décimo Distrito Judicial, en Jalisco, estaba programada la celebración de una audiencia incidental para resolver la incompetencia por inhibitoria y la pretendida modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa del imputado Manuel “N”. Sin embargo, “de manera dolosa e injustificada”, los abogados del acusado no se presentaron.

Indicó que frente a esta flagrante táctica dilatoria, que busca desgastar de manera física, económica y emocional a las víctimas indígenas que deben trasladarse desde la comunidad, el Juez de Control lejos de salvaguardar el derecho a una justicia pronta y expedita, actuó con total condescendencia hacia la defensa.

La Red TDT señaló que la autoridad omitió aplicar las sanciones legales correspondientes a los abogados por entorpecer la administración de la justicia; no procedió a asignarle un defensor de oficio al imputado; y se limitó a notificar a las víctimas y fijar una nueva fecha de audiencia para mañana.

Alertan posible cambio de jurisdicción
En la Acción Urgente, dirigida a las autoridades de Jalisco, las organizaciones afirmaron que lo sucedido “violenta de forma directa los derechos de participación, información y acceso efectivo a la justicia de las víctimas directas e indirectas de San Lorenzo de Azqueltán, contraviniendo el debido proceso legal.

Expusieron también que la comunidad indígena y sus representantes legales advierten un altísimo riesgo de que el caso sea reconducido a una jurisdicción regional carente de condiciones mínimas de seguridad e imparcialidad, alejándolo de la competencia formal de los juzgados especializados en Guadalajara.

Por ello, urgieron que las autoridades de Jalisco actúen con la máxima diligencia, objetividad y estricto apego a los estándares internacionales de derechos humanos en materia de pueblos indígenas y defensores del territorio.

Demandaron al presidente del Supremo Tribunal de Justicia y al Consejo de la Judicatura del estado instar y vigilar de manera estricta que el proceso penal se mantenga firmemente bajo la competencia de los órganos judiciales radicados en Guadalajara, garantizando un entorno neutral, seguro y libre de coacciones locales.

A la Fiscalía General de Jalisco instruir de manera formal a los agentes del Ministerio Público intervinientes en el procedimiento para que actúen con máxima firmeza jurídica, combatiendo las tácticas dilatorias de la contraparte y objetando cualquier intento de traslado de competencia o sustitución de la prisión preventiva.

A la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas a instrumentar de forma inmediata medidas de protección integral y acompañamiento físico y jurídico para las víctimas de San Lorenzo de Azqueltán que comparecerán mañana.