La Fiscalía General de la República (FGR) busca que se inicie proceso penal en contra de cinco ex funcionarios del municipio de Aguascalientes por haber incurrido en un desvío de recursos entre 2019 y 2021, cuando la actual gobernadora, María Teresa Jiménez, fungió como alcaldesa, y que se relacionan con un contrato por más de 848 millones de pesos, de los cuales una parte fue aportada por la Federación, para el desarrollo del “Programa de Eficiencia Energética” de ese ayuntamiento.

Irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señalan que la administración municipal realizó pagos por un servicio no iniciado, ya que entregó a la compañía Next Energy 132.4 millones de pesos mediante pagos mensuales durante 2021, y en los registros contables se asentó que ese gasto correspondió a “consumo de energía eléctrica”.

Sin embargo, las revisiones practicadas por la ASF confirmaron que los pagos se realizaron desde 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021, a pesar de que los trabajos ni siquiera habían iniciado y el servicio jamás se prestó.

El pasado 13 de agosto, un juez de control ya había determinado realizar la audiencia inicial en contra de los cinco ex funcionarios y en ella la FGR presentaría las evidencias del daño cometido por el desvío de recursos federales relacionado con el proyecto “Programa de Eficiencia Energética del Municipio de Aguascalientes”, el cual se acordó a través del contrato número PPS 002/2019, el 28 de marzo de 2019, con una inversión total de 948 millones 913 mil 59 pesos.

Pero minutos antes de que se celebrara la audiencia en la que se imputaría a los cinco ex funcionarios hasta ahora señalados como responsables, se notificó al juez de control que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes ordenó, como resultado de un juicio de amparo, la suspensión de la diligencia.

Esto último a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), que determina que mediante un juicio de amparo no se puede suspender una audiencia inicial.

En ese contexto, las investigaciones de la ASF y de la FGR han establecido que Next Energy devolvió a las arcas municipales el dinero que le habían pagado, 154.1 millones de pesos en total, ya que incluyó el IVA. Pero el municipio clasificó contablemente este dinero devuelto como un ingreso bajo el concepto de “energía eléctrica por APP”.

Sin embargo, las autoridades federales “perdieron el rastro” del dinero; el ayuntamiento, según las investigaciones, nunca canceló en sus registros el gasto original por “consumo de energía”, ni entregó documentación que acreditara a qué se destinaron los 132.4 millones de pesos devueltos a las arcas municipales.

Denuncian persecución contra empresario
Este lunes, abogados de Eugenio Javier Domene, propietario de Next Energy, quien se encuentra privado de la libertad en Aguascalientes, presentaron una denuncia en la FGR en contra de ex funcionarios del municipio del estado, así como de la actual gobernadora, María Teresa Jiménez, para que investigue presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad vinculados con intereses del propio gobierno estatal.

En conferencia, representantes del despacho de abogados Vega-Macgregor-Arellano denunciaron que en dicha entidad existe una intención por parte del gobierno de mantener ilegalmente privado de la libertad a este empresario.

“El señor Eugenio Javier Maíz Domenech enfrentaba en un principio una denuncia por fraude por un tema netamente civil, que tiene que ver con contratos civiles con el gobierno de Aguascalientes. Había obtenido la libertad en ese proceso y de manera sospechosa e inclusive muy rápido le generaron una segunda carpeta para poderle ejecutar una orden de aprehensión y no dejarlo salir”, señaló el abogado Adrián Arellano.

Sin embargo, dijo que al obtener la libertad de ese segundo proceso, le generaron una tercera carpeta de investigación por el delito de amenazas. Después de quedar libre tuvo otra carpeta de investigación. “Hasta el día de hoy lleva cinco carpetas de investigación aperturadas por parte de la fiscalía local en contra de nuestro cliente por diversos delitos, los cuales nos parecen improbables y sobre todo falsos. Incluso le fabricaron delitos de amenazas, de narcotráfico y de extorsión”.

Eugenio Javier Maíz Domene se encuentra encarcelado y enfrenta un proceso penal por supuesto fraude en el cumplimiento de contratos de Next Energy con ayuntamientos de los estados de Baja California y Aguascalientes.

“Él ha presentado a la presidenta en tiempos y en ocasiones anteriores una carta en donde hace responsable a la gobernadora por su vida, su integridad, porque todas estas carpetas han sucedido en el centro penal de Aguascalientes”.

Lamentó que el Poder Judicial local y la fiscalía local “se presten a este tipo de circunstancias para mantener recluido a una persona que nunca ha vivido en Aguascalientes, que su centro de familia está en Nuevo León y que le impiden trasladarlo, por lo menos, a esa entidad para que pueda continuar sus procesos. La familia, sus hijos, su esposa están sumamente preocupados por esta persecución que no tiene precedentes en Aguascalientes”.