Washington. La jueza federal estadunidense Jeannette Vargas anuló ayer la suspensión de los trámites de visa para la residencia permanente en Estados Unidos impuesta en enero a 75 países.

Vargas, de Nueva York, dictaminó que la política era “contraria a la ley” de Inmigración y Nacionalidad, y que el secretario de Estado, Marco Rubio, se extralimitó en sus funciones al ordenar “la denegación de visas a solicitantes elegibles sin fundamento legal alguno”.

La magistrada sostuvo también que las acciones iban en contra del requisito del Congreso que sitúa a los funcionarios consulares al frente de cualquier decisión sobre visados.

Cuando entró en vigencia la medida, el 21 de enero, el Departamento de Estado instruyó a los funcionarios consulares para que detuvieran las solicitudes de visa de inmigrantes de 75 países, entre ellos Brasil, Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen.

La política obedecía a una orden más amplia del presidente Donald Trump para endurecer las normas relativas a los posibles inmigrantes que podrían convertirse en “cargas públicas”.

La medida fue impugnada por dos organizaciones sin fines de lucro y 11 personas, seis de ellas cuyos familiares habían visto denegadas sus visas. Las cinco restantes se encuentran fuera del país y habían presentado solicitudes de visa basadas en el empleo para ingresar a Estados Unidos