La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, tomó protesta a 100 abogados que laboran en distintas áreas de la Consejería Jurídica local, quienes desde ayer asesoran jurídicamente y darán acompañamiento gratuito a personas víctimas de despojo en la Ciudad de México.

En el primer día del Programa de Defensoría Social Ponciano Arriaga, el centenar de abogados recibió desde las 16 horas a más de 300 ciudadanos, quienes llegaron desde antes de las 8 de la mañana a la Plaza de la Constitución con fólders que contenían decenas de documentos, en original y copia, con la esperanza de recuperar sus viviendas y hallar justicia en sus casos con diferentes números de folios y carpetas de investigación, algunos de ellos con más de nueve años de antigüedad, en alcaldías como Gustavo A. Madero e Iztacalco.

Brugada Molina caminó por la avenida 20 de Noviembre y por el Zócalo, donde fueron habilitados carpas especializadas en materias de lo civil, penal y familiar para dar atención personalizada a cada víctima.

La mandataria envió el mensaje: “cualquier persona que tema perder su casa, su terreno, su departamento o el patrimonio construido durante años no está sola, tiene derechos, tiene defensa y tiene un gobierno dispuesto a hacerlos valer”.

Señaló que a la defensoría jurídica seguirá la puesta en marcha de otras figuras, como la defensoría de relaciones inquilinarias, que propondrá al Congreso local, así como la defensoría de las mujeres y la defensoría de los adultos mayores, porque es uno de los sectores que sufre muchos engaños.

“Estamos haciendo o rehaciendo la propuesta de la Procuraduría Social de la Ciudad; tiene que convertirse en la gran defensoría social de la Ciudad de México y también entrará a una restructuración ya”, agregó.

Brugada Molina indicó que de cada 10 denuncias que se reciben al día sólo una tercera parte se acredita como delito de despojo, es decir, que “los demás son otro tipo de situaciones, que se deben atender, apoyar y dar seguimiento”.

Reiteró que casi 50 por ciento de la población “tiene un pendiente en su propiedad por regularizar”, por lo que mencionó que se trata de que la población “pueda tener bien sus escrituras”.

Marco Arellano relató que desde octubre de 2020 personas ajenas despojaron a su padre de su vivienda, ubicada en la colonia Gabriel Ramos Millán, en Iztacalco, por lo que confió en que se reclasifique el delito de violencia familiar en modo patrimonial. Relató que la notaría 6 de Tizayuca, Hidalgo, emitió documentación de donación del predio de su padre, quien no lo solicitó ni autorizó, a favor de tres personas, por lo que no descartó que exista “una mafia de ciertas notarías”.

Susana Sánchez, de la colonia San Felipe de Jesús, en Gustavo A. Madero, dijo que inquilinos despojaron de la vivienda de planta baja y un nivel a su madre en 2017, y comentó que ha levantado una serie de denuncias que no avanzan, entre las que se encuentran los delitos de despojo, amenazas y golpes.

Las víctimas de despojo seguían llegando al Zócalo después de las 18 horas con la esperanza de recuperar sus viviendas.