Mérida. El Gobierno de Yucatán, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), aclaró que el proyecto inmobiliario Las Dunas, en la comunidad de Chuburná, municipio de Puerto Progreso, obtuvo los permisos de construcción en la gestión del mandatario panista Mauricio Vila y que corresponde a las autoridades federales la autorización ambiental definitiva, aunque actualmente el sitio está clausurado de manera temporal-total.

La dependencia estatal, durante una rueda de prensa celebrada este día, fijó una postura clara: la protección de la duna, el manglar y el humedal costero está por encima de cualquier proyecto particular.

La titular de la SDS, Neyra Silva Rosado, explicó, con base en la documentación oficial, que los dictámenes estatales obligan a la conservación total de 58 mil 740 metros cuadrados del predio, más de la mitad de su superficie: 55 mil 305 metros cuadrados de humedal costero y 3 mil 435 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre que deben permanecer libres de ocupación, así como los manglares protegidos por la NOM-022-SEMARNAT-2003.

La funcionaria precisó que la cronología de los hechos documenta que la aprobación original del expediente Las Dunas corresponde al Gobierno que presidió el mandatario panista y actual senador, Mauricio Vila Dosal (2018-2024). El dictamen de Factibilidad Urbana Ambiental (FUA) 186/2023 fue emitido en abril de 2023 por la administración estatal anterior.

Posteriormente, el Ayuntamiento de Puerto Progreso –presidido por el alcalde panista Julián Zacarías Kuri- otorgó la licencia de uso de suelo en febrero de 2024 y, en noviembre de ese año, el Instituto para el Desarrollo Urbano y Territorial (IMDUT) ratificó la factibilidad como parte de un expediente previamente integrado, conservando las mismas condicionantes ambientales.

Según Silva Rosado, la Semarnat negó una primera Manifestación de Impacto Ambiental en diciembre de 2023 y emitió una autorización condicionada en abril de 2025.

“La cronología confirma un hecho fundamental: la autorización ambiental definitiva ha sido y continúa siendo competencia exclusiva de la Federación, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, afirmó la titular de la SDS.

Precisó que la Factibilidad Urbana Ambiental (FUA) es un dictamen técnico mediante el cual se analiza la compatibilidad urbana y ambiental de un proyecto, así como la capacidad de carga es uno de los elementos técnicos que permite determinar la intensidad de desarrollo que puede soportar un predio de acuerdo con sus características territoriales y ambientales.

No obstante, aclaró que la FUA no constituye una licencia de construcción ni autoriza por sí misma la ejecución del proyecto. “La autorización en materia de impacto ambiental corresponde al ámbito federal, mediante la Manifestación de Impacto Ambiental, evaluada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”, enfatizó.

Ante la preocupación ciudadana, el Gobierno del Estado solicitó formalmente, desde el pasado 25 de julio, a la Semarnat y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) verificar el cumplimiento puntual de las autorizaciones del proyecto y entregó toda la información técnica con la que cuenta.

La revisión federal ya está en marcha. La Profepa impuso la clausura temporal total de las obras el 2 de agosto, tras detectar afectaciones a especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT al desmontarse, con maquinaria pesada, más de 90 mil metros cuadrados de arena y de vegetación costera, mientras que la Semarnat revisa de manera integral el proyecto y su autorización en materia de impacto ambiental.

Antecedentes
Como ya publicó La Jornada sobre este tema, el colectivo Salvemos Las Dunas reportó que, en 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó, en primera instancia, la autorización para la obra; consideró que la construcción impactaría y pondría en riesgo la flora y fauna de la costa de Yucatán.

En julio de 2025, la empresa Auralux Representaciones obtuvo el permiso de cambio de uso de suelo cuando el titular de la oficina de Semarnat en Yucatán era Guillermo Porras Quevedo, militante del Partido Verde (PVEM) en la entidad.

Para el proyecto se presentó la primera Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que contemplaba 74 departamentos, hasta 27 de septiembre de 2023. Tres meses después, el 13 de diciembre de 2023, la Semarnat informó su negativa mediante el oficio 726.4/UGA-1789/003248.

Sin embargo, el 17 de diciembre de 2024 Auralux presentó una segunda MIA, ahora por casi el doble de departamentos, 138 en 14 torres, y sí fue aprobada, informó la agrupación Salvemos Las Dunas.