Puerto Progreso, Yuc.- Activistas del medio ambiente denunciaron que el complejo turístico Las Dunas, ubicado en la población costera de Chuburná, ocasiona devastación de flora y fauna en la zona, lo que ameritó la intervención del Gobierno estatal para solicitar oficialmente a la Semarnat y a la Profepa verificar el cumplimiento de las autorizaciones federales de dicho proyecto inmobiliario.

Integrantes del colectivo “Salvemos las Dunas” han realizado jornadas informativas y de recolección de firmas entre los habitantes de la población, luego de que se difundieran en redes sociales imágenes de los trabajos que se realizan en la zona de dunas, donde se proyecta la construcción de un hotel o un conjunto de departamentos.

En el sitio, instalado frente al puerto de abrigo de Chuburná Puerto, se observó maquinaria pesada realizando labores, principalmente de remoción de arena.

De acuerdo con Salvemos las Dunas, este sistema costero es uno de los mejor conservados y de mayor importancia ecológica en Yucatán, ya que alberga una amplia diversidad de flora y fauna, además de desempeñar funciones ambientales esenciales para la protección del litoral.

Los activistas recordaron que en años anteriores se registraron conflictos por intentos de extracción de arena en las dunas de Chuburná Puerto; la acción fue impedida por habitantes de la comunidad debido al valor ambiental de la zona, considerada una barrera natural de protección ante huracanes.

Y ante la polémica generada en torno al proyecto «Las Dunas» de Chuburná, municipio de Progreso, el Gobierno de Yucatán informó que solicitó formalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente verificar y supervisar, en el ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento puntual de las autorizaciones federales que amparan el proyecto.

En un comunicado, las autoridades estatales precisaron que los dictámenes emitidos por las autoridades estatales condicionan la conservación total del humedal costero, del manglar y de la Zona Federal Marítimo Terrestre presentes en el predio, cuya protección constituye un requisito obligatorio para el desarrollo de la obra.

Los dictámenes de Factibilidad Urbana Ambiental emitidos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y por el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial establecen que 45,728 metros cuadrados de humedal costero y 2,880 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre no pueden ser ocupados ni modificados de ninguna forma, por lo que más de la mitad de la superficie del predio debe destinarse a conservación.

Asimismo, los ordenamientos disponen que las especies de manglar presentes en la zona no deben ser afectadas ni su hábitat modificado, en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003.

Conforme al marco jurídico vigente, la evaluación del impacto ambiental de obras y actividades en humedales costeros, el otorgamiento y la vigilancia de las concesiones sobre la Zona Federal Marítimo Terrestre, así como la protección de los manglares, son competencia exclusiva de la Federación.

En el ámbito de su competencia, el Gobierno de Yucatán mantendrá una vigilancia permanente sobre el cumplimiento de las condicionantes estatales y no permitirá afectación alguna al manglar ni a la duna costera. “La costa yucateca es el sustento de miles de familias que viven de la pesca y del turismo, y su protección constituye una prioridad que está por encima de cualquier proyecto particular”, destacó el Ejecutivo en su comunicado.