Tegucigalpa. Cerca de 30 organizaciones de derechos humanos, defensa de territorios y recursos naturales de América y Europa se dieron cita durante cuatro días en el Campamento por la Vida de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) en Tegucigalpa. Después de estas jornadas de intercambios y de vanos intentos por dialogar con instituciones del gobierno, ya que las 10 solicitudes de audiencia –empezando por la misma presidencia de Nasry Asfura– fueron ignoradas, hoy se despidieron reconociendo que dejan a Honduras en un contexto de grave crisis de vulnerabilidad de las comunidades campesinas, indígenas y garífunas, y frente a una extrema crisis de derechos humanos.

En un comunicado y conferencia con medios para cerrar los trabajos de la delegación, concluyeron que el Estado hondureño viola los derechos de los pueblos garífunas y el derecho internacional al “no dar cumplimiento a ninguna de las cuatro sentencias” emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) sobre los casos de las comunidades de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y Cayos Cochinos. Todos ellos implican situaciones de robo y usurpación de tierras y derechos por medios violentos.

La delegación también abordó los efectos de la legislación impulsada por Asfura, Ley de Fortalecimiento de la Agroindustria, que privilegia los intereses empresariales nacionales y trasnacionales promoviendo la desprotección de las comunidades campesinas, indígenas y garífunas.

“Nos preocupa que las empresas extranjeras sigan operando en las comunidades garífunas amparadas en sentencias de la corte, afectando seriamente los derechos de las comunidades”, sostuvieron.

Advirtieron que exigirán a los gobiernos de sus respectivos países “que aseguren que las empresas cumplan con sus obligaciones en materia de derechos indígenas y dejen de invertir e intervenir en comunidades garífunas”.

Persiste amenaza de desalojo por reality

No fue mencionado explícitamente el consorcio Grupo Azteca Honduras, del empresario Ricardo Salinas Pliego, que protagonizó en días recientes uno de los hechos que aquí se denunciaron. Tampoco una empresa de la cual es socio mayoritario, la Sociedad de Inversiones Ecológicas, y que posee cuatro de los 16 cayos (entre ellos el Cayo Cochinos Mayor, mas grande que todos los demás) del arrecife coralino ubicado frente a la costa del departamento La Ceiba.

Dicha empresa suele firmar dos veces al año contratos millonarios con una productora española, Cuarzo Producciones, para rodar en sus espléndidas playas un reality show. Los garífunas nativos del lugar, que viven del mar, cada año sufren mayores afectaciones a su hábitat. Además, padecen el irrespeto por parte de los intrusos, que este año desplegaron más de 200 efectivos de la policía y el ejército para “resguardar” el rodaje e impedir los movimientos de la población local.

Desde hace tres días –con sus inciertas noches– pende sobre el campamento de protesta de los isleños la amenaza de un desalojo y órdenes de aprehensión contra nueve de ellos, entre los cuales está su dirigente Mabel Robledo. La aparatosa filmación, que implica el traslado de decenas de personas, equipo, luces y actividades intrusivas en un área de frágil equilibrio ecológico, genera importantes ganancias a la empresa de Salinas Pliego, mientras que los garífunas no ven ni una lempira.

Anoche, mientras en los campamentos de resistencia de Cayo Cochinos y Tegucigalpa se vivían horas de zozobra, Telecinco Madrid presumía en redes sociales que su reality Survivors, máxima expresión de la frivolidad y el racismo de la telebasura, registraba “una curva de infarto”, llegando a 20 millones de espectadores, un salto en el rating de 7.4 por ciento a 24 por ciento.

La Corte de Justicia y la impunidad

Con este trasfondo, las 30 organizaciones de América y Europa que se dieron cita durante cuatro días en el Campamento por la Vida de la Ofraneh en Tegucigalpa escucharon las voces de los afectados, declarados en rebeldía y resistencia. Escucharon también, cada día, el ritmo de los tambores, las maracas y los cantos de los líderes espirituales garífunas que de este modo compartieron su espiritualidad.

Después de estas jornadas de intercambios, ayer se despidieron reconociendo que dejan el país en un contexto de grave crisis de vulnerabilidad de las comunidades campesinas, indígenas y garífunas, y advirtiendo que “a los gobiernos de nuestros países les exigiremos que aseguren que las empresas cumplan con sus obligaciones y dejen de invertir e intervenir en comunidades garífunas”.

El campamento garífuna se instaló frente a la Corte Suprema de Justicia hondureña –cuyo presidente es el jurista Wagner Vallecillo– para exigir a los magistrados cumplir con su parte en la ejecución de las cuatro sentencias que les atañen. Pero este magistrado guarda total silencio sobre el proceso. En Honduras, los grupos oligárquicos suelen repartirse los nombramientos de jueces y magistrados según sus intereses. Y Vallecillo está en esa posición gracias a la poderosa familia Rosenthal, usurpadores de los terrenos de San Juan, territorio garífuna beneficiado precisamente por una de las sentencias de la Coridh.

Sobreseen causa contra Juan Orlando Hernández

En las seis semanas que lleva el plantón, con más de 300 activistas presentes en todo momento de manera rotatoria, no se movió un solo papel de la orden de ejecución del máximo órgano de justicia interamericano. En cambio, en ese mismo edificio que debería administrar justicia, se produjo el 1 de septiembre, cuando el campamento ya estaba instalado, el sobreseimiento definitivo de la causa contra el ex presidente Juan Orlando Hernández, que fue sentenciado por trasegar drogas a Estados Unidos en una Corte de Nueva York, pero fue indultado por Donald Trump.

La nueva Ley de Fortalecimiento Agropecuario, que privilegia el desarrollo de megadesarrollos privados, locales o extranjeros por encima de los derechos de comunidades campesinas, provocó en poco tiempo una serie de embestidas policiacas y judiciales contra comunidades campesinas, indígenas y garífunas que defienden su territorio y sus derechos sociales.

Mientras, en los escritorios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia acumulan polvo los expedientes de cuatro sentencias emitidas después de décadas de batallas legales en los foros internacionales por la Coridh. Estas resoluciones –la primera de 2015; la última de 2023– determinan que el Estado hondureño “viola el derecho del pueblo garífuna a su territorio, a la vida, la seguridad y la justicia” y reitera que se debe legislar para garantizar “el uso y goce” de estas comunidades, de sus tierras y recursos naturales, y a ser consultados “de manera libre e informada” sobre cualquier proyecto que se pretenda desarrollar en sus espacios.

En reacción a un intento de desa-lojo de pobladores en uno de esos territorios que son objeto de una de las sentencias, San Juan Tela, donde el poderoso empresario Yani Rosenthal pretendía ampliar su desarrollo inmobiliario de lujo hacia las últimas 12 manzanas que quedan baldías y que no le pertenecen, un comité de “reocupacion” de la Ofraneh recuperó el área. Un día después, vino una violenta represión. Cinco jóvenes detenidos fueron liberados, pero sujetos a proceso en un tribunal de crimen organizado.

Entre las delegaciones están Amnistía Internacional, Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, Asociadas por lo Justo, Colmena Cimarrona de Vieques (Puerto Rico), Grassroots International, Otros Mundos Chiapas, Alianza Ríos Mayas, Instituto para las Mujeres en Migración, Prensa Comunitaria de Guatemala y una organización indígena de Costa Rica, Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa.