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Hospital de Pemex en Ciudad Madero deberá cumplir fallo y entregar prótesis auditivas

Cd. Madero, Tamps. Un juez federal ordenó al Hospital Regional de Petróleos Mexicanos, en Ciudad Madero, entregar en un plazo máximo de 48 horas las prótesis auditivas que requiere un trabajador jubilado con discapacidad auditiva y neuromotora, quien, de acuerdo con el expediente judicial, permaneció cerca de un año y medio sin recibir el equipo médico prescrito.

La resolución fue emitida dentro de un juicio de amparo promovido por los abogados Mercurio Espinosa del Ángel, Ana Gabriela Silva Carrizales y Héctor Manuel Espinoza Vallejo, quienes argumentaron que el derechohabiente padece sordera bilateral derivada de un riesgo de trabajo previamente reconocido por la empresa productiva del Estado.

Según la demanda, durante meses se realizaron diversas gestiones administrativas para obtener las prótesis auditivas, sin que existiera una respuesta favorable por parte de la institución de salud.

Los representantes legales sostuvieron que la falta del equipo médico mantuvo al jubilado con limitaciones para comunicarse y afectó su calidad de vida, pese a tratarse de una necesidad derivada de una incapacidad laboral previamente acreditada.

Además, señalaron que Pemex pretendía que el paciente recibiera atención en el Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz, aunque está adscrito al hospital de Ciudad Madero y presenta una condición física que dificulta su traslado fuera de la zona sur de Tamaulipas.

Ante ello, el Juzgado Décimo de Distrito concedió una suspensión provisional mediante la cual ordenó a la institución proporcionar gratuitamente las prótesis auditivas y garantizar que la atención médica especializada sea brindada en Ciudad Madero.

Los abogados advirtieron que solicitarán medidas de apremio en caso de incumplimiento por parte de la institución o de los servidores públicos responsables de ejecutar la resolución.

Entre las sanciones previstas por la legislación federal se contemplan multas económicas y otras medidas legales por un eventual desacato a una orden judicial.

El caso reabre el debate sobre la atención médica que reciben trabajadores activos y jubilados de Pemex, en especial aquellos que enfrentan secuelas permanentes derivadas de accidentes o enfermedades relacionadas con su actividad laboral.

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