Guanajuato, Gto. El Comité Estatal de Morena en Guanajuato iniciará un procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia contra el exregidor y exasesor legislativo Óscar Edmundo Aguayo Arredondo, acusado de agredir físicamente a su esposa, la regidora morenista del Ayuntamiento de Guanajuato Celia Carolina Valadez Beltrán.

«Primero nos solidarizamos con la regidora Celia Carolina por lo sucedido. Estamos en contra de cualquier forma de violencia que se pueda generar en contra de alguna mujer», declaró el secretario general de Morena en la entidad, Jesús Ramírez Garibay.

El dirigente adelantó que el caso será analizado en la próxima sesión del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, para posteriormente dar vista a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, órgano encargado de resolver los procedimientos internos del partido.

«Vamos a revisar el tema y le vamos a dar parte a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que es nuestro órgano de justicia interpartidaria», señaló en entrevista.

Agregó que la Comisión puede imponer sanciones que van desde la suspensión de derechos partidistas hasta la expulsión de Aguayo Arredondo, al considerar que incurrió en actos contrarios a los principios de Morena.

Ramírez Garibay informó que se comunicó con la regidora Carolina Valadez para expresarle el respaldo del partido y ofrecerle acompañamiento, en caso de que lo requiera.

Precisó que la edil analiza el caso en el ámbito personal para definir si presentará una denuncia penal.

«Ella solo dice que va a estar en un momento de reflexión», comentó.

De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Seguridad del municipio de Guanajuato, Óscar Aguayo presuntamente golpeó a su esposa dentro de un vehículo, frente a su hijo menor de edad.

La corporación recibió un reporte sobre una agresión en la colonia La Venada, donde un hombre golpeaba a su pareja.

El informe añade que el exregidor también intentó agredir a los policías cuando éstos intentaban detenerlo.

Reforma por violencia familiar
En marzo pasado, el Congreso de Guanajuato aprobó una reforma al Código Penal para endurecer las sanciones por violencia familiar.

Con las modificaciones, la pena pasó de uno a seis años de prisión a un rango de dos a nueve años, y se creó la figura de violencia familiar agravada, sancionada con tres a 12 años de cárcel.

La legislación establece agravantes cuando la víctima es menor de edad, una persona con discapacidad, una mujer embarazada o cuando existen antecedentes documentados de violencia familiar por parte del agresor, entre otros supuestos.