Ciudad de México. En la persecución de los casos de trata de personas, “hay una familia que sigue esperando una respuesta y hay una sociedad que espera de nosotros firmeza y resultados. Que quede claro para quienes lucran con la libertad de otras personas donde haya explotación, habrá Estado y donde haya trata, habrá investigación, habrá persecución y habrá consecuencias”, afirmó Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Al participar en el Décimo Encuentro Nacional de Fiscalías y Unidades Especializadas en Materia de Trata de Personas, y con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, la funcionaria señaló que la reunión es “una oportunidad para refrendar la responsabilidad institucional que existe con las víctimas, porque “cuando hablamos de trata, no hablamos únicamente de un tipo penal, hablamos de la negación más profunda de la dignidad humana”.

Dijo ante los fiscales estatales que la responsabilidad de sostener un caso de trata no corresponde a la víctima, sino a las instituciones encargadas de investigar y perseguir este delito: “la víctima no tiene que demostrar que fue víctima, nosotros tenemos que acreditar el delito. Nuestra obligación es llegar con el caso construido para que el testimonio de la víctima sea acompañado por una investigación sólida”.

Planteó las líneas de acción para fortalecer la investigación y persecución de este delito: investigar en red, mediante la vinculación de casos entre entidades federativas para identificar y desarticular estructuras criminales, con apoyo del análisis de contexto y la inteligencia criminal; golpear el negocio de la trata, mediante el rastreo de recursos, el aseguramiento de bienes y la aplicación de la extinción de dominio, a fin de evitar que este delito continúe siendo rentable.

En el encuentro Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), señaló que este encuentro nacional, coordinado entre las autoridades federales y estatales, se ha concebido como un espacio de diálogo, colaboración e intercambio de experiencias, en el que la diversidad de perspectivas, conocimientos y buenas prácticas fortalece las capacidades institucionales y enriquece la respuesta conjunta frente a este fenómeno delictivo.