Oaxaca, Oax. Los jueces del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del Décimotercer Circuito con sede en San Bartolo Coyotepec, han cometido un desacato, consideró Sara y Elizabeth Uruchurtu, esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara al colegiado volver a analizar el caso de la desaparición de la activista y defensora, Claudia Uruchurtu desaparecida en marzo del 2021, específicamente en lo referente a Johan Ricardo Matus Marcial, quien cumplía una sentencia como autor intelectual de la desaparición de Claudia; pero que en agosto del 2025 el fallo fue revocado, obteniendo su libertad por decisión de los togados del primer tribunal, por ello el máximo tribunal ordenó en febrero del 2026 se emitiera una sentencia con perspectiva de género y tomando en cuenta las condiciones específicas de la víctima, cosa que no ocurrió, pues los jueces volvieron a emitir un fallo a favor del acusado.

Esto, señalan las víctimas indirectas es una situación inverosímil, pues al día de hoy no conocen de algún caso en el que la SCJN ordene algo y que los jueces de un “circuito menor”, lo desacaten, por qué al ignorar las determinaciones del máximo tribunal en el país, prácticamente los han desobedecido.

A través de una videoconferencia, tanto Sara como Elizabeth señalaron, que se ve claro la mano del gobernador, Salomón Jara Cruz quien es amigo cercano de la ex presidenta de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, quien en un principio fue acusada como autora intelectual, igual que Johan con quien sostenía una relación sentimental; pero que tras la intervención de Jara Cruz se dio la reconfiguración del delito a obstrucción de la justicia.

En ambos casos, la participación del morenista consideraron, ha sido fundamental para que los dos puedan evadir la justicia y recuperar su libertad; esto en detrimento de las víctimas indirectas, pero también de la propia Claudia, quien había mantenido acusaciones de corrupción en contra de Victoria Huerta antes de ser víctima de desaparición forzada.

En el caso de Johan explicó, la SCJN ordenó a los jueces del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del Décimotercer Circuito con sede en San Bartolo Coyotepec “que revisaran su decisión y que consideraran estándares internacionales, en términos de desaparición forzada, tomando una perspectiva de género, en el caso de Claudia y considerando su calidad de defensora de derechos humano”, cosa que no ocurrió.

Lo peor dijo, es que una vez más actuaron de con opacidad, pues desde febrero no hubo ningún avance o actuaciones, pero el último día de sesiones del circuito tomaron el caso de Claudia y resolverlo en tan solo 15 minutos, tiempo en el que solamente decidieron ratificar la libertad del acusado bajo la premisa anterior, misma que señala que no había forma de probar si participación en la comisión del delito y que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado eran inválidas.

El asesor jurídico, José Juan Julián consideró sumamente grave que los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pareciera dijo, que los integrantes del tribunal colegiado decidieron que para ellos no aplican las resoluciones de la SCJN, y que ellos tienen la independencia de juzgar bajo sus propios criterios.

Lo que abre una grave oportunidad que resta fuerza al máximo tribunal del país y permite que los tribunales locales o federales se rijan bajo criterios propios, pese a que existan determinaciones de la suprema corte, es decir le resta fuerza e importancia a esta.

Añadió, que por ahora, familia y asesores jurídicos están analizando el caso y su siguiente movimiento, pues no se puede permitir que esta situación continué de esta forma, pues la justicia debe de prevalecer y los responsables de la desaparición de Claudia deben ser castigados.

Lo más grave y preocupante, es que este mismo tribunal colegiado tenía que resolver el amparo de la familia de la víctima, en contra de la reducción de sentencia en contra de la ex alcaldesa, reduciendo así los 4 años, dos meses y 22 días a poco más de 3 años, siendo liberada en diciembre del 2024.

El amparo fue interpuesto inmediatamente después de la notificación a la familia; sin embargo el tribunal colegiado se negó a resolver el tema hasta que la SCJN no estableciera los criterios a tomar en cuenta, cosa que ocurrió en febrero de este año, tras lo cual resolvieron el caso junto con el de Johan quien era asesor jurídico de Lizbeth en el ayuntamiento de Nochixtlán, lo que se realizó en los mismos términos, es decir no atendió las instrucciones de la corte.