Las hermanas Morales Díaz, que buscaban mejorar su calidad de vida mediante un proyecto inmobiliario de interés social propuesto por Víctor Hugo Espinosa Rodríguez y Teresa Solís García, dirigentes de la Unión Popular Benita Galeana, están a punto de ser despojadas de su vivienda porque la asociación se adjudicó el inmueble “simulando” una compraventa; “se aprovecharon de la buena fe y confianza” de la familia, denunciaron María Eugenia y Lourdes.

En enero pasado, con la llegada de la boleta predial a nombre de la Unión Popular Benita Galeana descubrieron el engaño e iniciaron la defensa de su propiedad ante el Instituto de Vivienda, la jefatura del Gobierno y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), donde denunciaron el presunto fraude que involucra a diputados y funcionarios de esta capital.

El inmueble ubicado en cerrada Tecol, manzana 12, lote 5, del Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán, era propiedad de su madre, María Luisa Díaz Rodríguez, y por sucesión testamentaria pasó a sus seis hijos.

El ofrecimiento del presidente de la unión, Víctor Hugo Espinosa, llegó como un programa piloto que ayudaría a sacar del hacinamiento a las familias de los Pedregales. Les dijo que en el terreno de 144 metros cuadrados se les haría una vivienda para cada familia, e incluso se habló de la posibilidad de construir 12 departamentos, relató Lourdes, quien ha participado activamente en apoyo al PRD y a Morena.

“Era un proyecto muy bueno, pensamos que viviríamos mejor, pero nunca nos dijeron claramente de qué se trataba. Al citarnos en la notaría sólo hablaron de la adjudicación de la herencia. Nunca (dijeron) que se pondría a nombre de la asociación nuestro terreno”, aseguraron las hermanas.

Ante el intento de despojo, María Eugenia Morales Díaz y sus hermanos Juan Pedro y María de Lourdes denunciaron ante la FGJ a la Unión Popular Benita Galeana AC.

En la denuncia narraron que la promesa era construir vivienda digna a cambio de incorporar el terreno al proyecto y cubrir determinadas cuotas. La familia asegura que les entregaron además 300 mil pesos por distintos conceptos y que cuentan con recibos para acreditar los pagos.

María Eugenia sostuvo que firmó documentos en 2023 bajo presión y en un momento en que atravesaba una situación de salud delicada por la detección de un aneurisma. Además, aseguran que en la notaría 237 nadie les explicó que estaban firmando una transmisión de propiedad porque no hubo lectura de escritura y tampoco recibieron pago por la supuesta compraventa.

Al cuestionar nuevos cobros y reclamar información sobre el proyecto denominado Tecol 28, Teresa Solís, de la asociación, dejó de responder, borró todos los chats y cerró los grupos de comunicación, indicaron.

Al acudir al Invi y reportar lo ocurrido, se les aconsejó presentar la denuncia, pero también les informaron que la Benita Galeana aseguró que pago 4 millones de pesos por el terreno que entregó en cheques de diferentes denominaciones; sin embargo, la familia les exige que demuestren que esos documentos fueron cobrados por ellos.