Ciudad de México. Durante 25 años, “la voracidad” con la que se han explotado los recursos naturales en México provocó la pérdida de 5 millones de hectáreas de bosques y selvas, señaló el diputado Jesús Cuanalo (PVEM), secretario de la Comisión de Medio Ambiente.

En un foro para para debatir una reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, planteó actualizar la responsabilidad de los municipios en la protección de los bosques, porque no cuentan con un programa de ordenamiento ecológico del territorio.

Refirió que si bien la ley ha permitido definir desde hace 40 años las bases de la política ambiental nacional, distribuir competencias entre federación, estados y municipios, así como regular la evaluación del impacto ambiental, en ese periodo el país ha sufrido un constante deterioro de sus recursos naturales.

Por ejemplo, dijo, además de la destrucción de los bosques y selvas, 70 por ciento de los cuerpos de agua nacionales están contaminados.

Explicó que si bien la ley ha sido reformada, su estructura fundamental atiende todavía a la responsabilidad ambiental de fines de la década de los ochenta del siglo pasado, momento en que el cambio climático apenas comenzaba a ser parte de la discusión en algunos foros internacionales.

Ahora, indicó, la pérdida de biodiversidad es de otra dimensión y se vive “en una de las mayores crisis de extinción de especies en la historia reciente del planeta”, derivado de la contaminación por plástico, la degradación acelerada de suelos, la escasez y contaminación de agua e incendios forestales de mayor intensidad.

Planteó que no solo se inviertan más fondos del presupuesto al rubro ambiental, sino contar con una ley moderna que “fortalezca la prevención por encima de la corrección del daño”.

Durante el foro, el subprocurador de Litigio Estratégico y Justicia Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Marco Antonio Esquivel, planteó que los instrumentos de política ambiental deben estar alineados a los estándares internacionales y, por lo tanto, la Ley General de Equilibrio Ecológico “sí requiere una reforma estructural”.