¿CÓMO? NO ES fácil creer que después de 631 tomos públicos y reservados que significan hasta ahora el expediente oficial, es decir, la averiguación previa y sus ampliaciones, nadie, ninguno de los expertos contratados para la investigación, se haya dado cuenta de la presencia nefasta del que en el momento de lo hechos era el gobernador del estado, en el caso Ayotzinapa.

MARCHAS, MÍTINES, PLANTONES, gritos y sombrerazos, pero principalmente “expertos” y organizaciones civiles dedicadas a la vigilancia del respeto a los derechos humanos por parte del gobierno no hallaron a lo largo de más de una década nada que pudiera vincular al priísta Ángel Aguirre con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Nada.

EN EL SENADO de la República se logró documentar la participación de manera directa o indirecta de 21 instancias de las llamadas globales y nacionales en la investigación, que nunca llegó a inquietar a Aguirre Rivero. Pese a que las pruebas en las que se fincó la acusación que hoy endereza en su contra la Fiscalía General estaban a los ojos de todos, un manto de impunidad tejido a base de intereses que no son precisamente los de hallar la verdad lo hicieron invisible.

LA COMISIÓN INTERAMERICANA de Derechos Humanos meció la cuna desde donde salieron las acusaciones y los ataques al gobierno no precisamente de Peña Nieto, quien gobernaba el país en aquella terrible noche en Iguala, sino de los gobiernos de López Obrador y de la actual PresidentA, Claudia Sheinbaum, que se reivindican de izquierda.

Y FUE LA misma CIDH la que organizó al llamado GIEI (grupo interdisciplinario de expertos independientes), organismo que nunca lastimó, ni con el pétalo de una marcha, el nombre del ex gobernador, lo que parece, ahora, casi inexplicable si no se supiera de qué lado masca la iguana en la misma CIDH.

DESDE LA OFICINA del Alto Comisionado de la ONU se “documentaron” irregularidades, torturas y falta de cooperación por parte de los miembros del Ejército, que nadie puede ni debe exculpar, pero se olvidaron del gobernador priísta, cuyo accionar tampoco llamó la atención de los expertos, pese a que el nombre de Aguirre sí figuraba en los expedientes.

¿QUÉ DATOS O qué intereses desviaron la mirada de quienes se dedicaban a esclarecer el paradero de los jóvenes estudiantes? Esa debería ser la pregunta que también debió hacer el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, otro de los organismos que no halló mácula del ex miembro del PRI y del PRD, pese a los datos que ya estaban sobre la mesa.

AHÍ ESTÁN LOS dos técnicos en informática y cómputo del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero que cuentan con órdenes de aprehensión que aún no se cumplen y que son las dos piezas claves que sirvieron para que se pusiera el acento en Aguirre, testigos que al parecer fueron ignorados por las investigaciones de los expertos.

Y ¿CÓMO FUE que a Emilio Álvarez Icaza, un escrutador con vocación frustrada de inquisidor, y a su equipo de monaguillos se les fue el asunto? Hay que aclarar que Álvarez Icaza es uno de los más acérrimos enemigos de la 4T y tal vez el mayor impulsor de los grupos de investigación del caso, el mismo que no halló nada en el nombre del político guerrerense.

ÁLVAREZ ICAZA ERA el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de 2014, cuando sucedió la desaparición de los 43, y fue la CIDH el organismo que dio vida a las instancias de investigación que pasaron por alto la actuación de Ángel Aguirre.

Y NO SÓLO, es de todos conocida la coincidencias de agenda entre el que en algún momento fue un colaborador fundamental de panismo de Calderón y el Prodh, organismo destacado en las acusaciones en contra del gobierno por el mismo caso, desde donde nunca se tocó al priísta y luego perredista.

ES MUY PROBABLE que en la declaración de la PresidentA, en la que dice que no debe politizarse el caso, más bien se quiso asegurar que el caso debe mantenerse fuera del concurso de los partidos, pero el accionar político de ciertos organismos que aseguran luchar por la verdad dan idea de la confrontación ideológica de dos partes que están en plena batalla. Por eso debemos decir que sí, el asunto es político.

¿QUÉ PASÓ ENTONCES? ¿Alguien debe tener alguna explicación, no?

De pasadita

ES MUY POSIBLE que algunos de los funcionarios del Gobierno de la CDMX vivan en un mundo que no sea el de la capital del país y por eso se atrevan a lanzar declaraciones que caen de inmediato por el peso de la verdad y complican la percepción que se tiene de la administración actual.

HACE UNOS DÍAS, el 5, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno capitalino, Raúl Basulto, dijo que se había cumplido con la meta de repavimentación de 3.5 kilómetros de metros cuadrados de vialidades principales y calles. ¿Se habrá referido a alguna ciudad que no conocemos? Porque en Chilangolandia el bache manda, si no, pregúnteselo a cualquiera.