San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.– El presidente municipal de Tuxtepec, Fernando Huerta Cerecedo, hizo un llamado a las y los senadores y diputados federales para promover una iniciativa que permita eliminar el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) y, al mismo tiempo, buscar una reducción en las tarifas de energía eléctrica para la población.

El edil fijó su postura ante la controversia generada en redes sociales por este concepto incluido en los recibos de energía eléctrica y pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por información incorrecta sobre el origen del cobro.

Huerta Cerecedo explicó que el DAP no es un impuesto nuevo, sino un derecho que se ha aplicado desde hace varios años para contribuir al financiamiento del servicio de alumbrado público en calles, colonias y comunidades.

«La polémica se ha centrado en señalar que este cobro es responsabilidad de la actual administración, de la anterior o del Congreso, e incluso se ha mencionado que obedece a la instalación de nuevas luminarias, cuando no es así», expresó.

El presidente municipal recordó que durante 2024 el cobro dejó de aplicarse debido a un proceso de adecuación legal derivado de resoluciones judiciales. Posteriormente, la administración anterior presentó la correspondiente Ley de Ingresos ante el Congreso del Estado, aunque no concretó el convenio necesario con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para efectuar el cobro.

Precisó que la actual administración recibió la Ley de Ingresos aprobada y posteriormente la CFE solicitó formalizar el procedimiento para la recaudación del DAP a través de los recibos de energía eléctrica.

Fernando Huerta indicó que el Ayuntamiento paga aproximadamente dos millones de pesos mensuales a la CFE por el consumo de energía correspondiente al alumbrado público y afirmó que los recursos recaudados por este concepto no cubren la totalidad del gasto, por lo que el municipio aporta recursos adicionales para mantener el servicio.

Finalmente, reiteró su llamado al Congreso de la Unión para revisar el marco legal que regula este derecho y buscar alternativas que beneficien a la ciudadanía, tanto con la eliminación del DAP como con tarifas eléctricas más accesibles, sin afectar la prestación del servicio de alumbrado público.