Tegucigalpa. Está por empezar el rodaje de una nueva temporada del reality show Survivor, de la empresa de espectáculos española Cuarzo Producciones en playa Uva de Cayos Cochinos, en la costa atlántica hondureña.

Lo que las audiencias verán son las “aventuras” de unos participantes intentando sobrevivir en condiciones extremas en un territorio paradisiaco y “peligroso”, pero despoblado. Detrás de las cámaras y los sets, hay un cerco formado por un centenar de policías enviados hace cuatro días para contener el plantón de protesta de los pobladores que no pueden hacer vida normal.

Los pescadores no pueden salir a faenar, las mujeres no consiguen agua y las tortugas carey, en plena temporada de desove, no pueden cumplir esta fase de su ciclo vital.

Ayer antes del mediodía, el juzgado de letras de lo penal de San Pedro Sula ordenó a la policía ejecutar el desalojo de “los ocupantes no autorizados”; esto es, los garífunas, pobladores ancestrales. No pasaron muchos minutos antes de que en el campamento Por la Vida, instalado en esta capital hace seis semanas por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), llegaran mensajes con imágenes del desembarco de la policía naval.

El sitio es propiedad del consorcio Sociedad de Inversiones Ecológicas, cuyo accionista mayoritario es Fundación Azteca Honduras, del mexicano Ricardo Salinas Pliego.

Míriam Miranda, dirigente histórica de las comunidades garífunas y coordinadora de Ofraneh, declaró en estado de alerta el campamento Por la Vida después de leer la orden judicial emitida en San Pedro Sula y anunciada hoy. “Se está fraguando una represión terrible. Una vez más nos violentan”, advirtió. Luego de una reunión de urgencia con varios de los líderes comunitarios presentes, anunció: “ante esta orden de desalojo, vamos a los Cayos a instalarnos en plantón por tiempo indefinido”.

También señaló de manera directa a Salinas Pliego como responsable de esta escalada y la potencial “terrible crisis” que pueda desencadenar el desalojo. Según la información obtenida por la organización, Grupo Salinas y otros consorcios hondureños, donde se repiten los mismos nombres que en casi todos los corporativos que controla la cerrada oligarquía de este país, son los responsables.

El acoso a los pobladores de los Cayos es apenas el capítulo más reciente de un conflicto que siempre existió bajo los gobiernos conservadores y militares del país, que se ha agudizado con los nuevos lineamientos de la extrema derecha de Nasry Asfura.

En mayo, el Poder Legislativo aprobó la llamada “Ley Agropecuaria”, que explícitamente protege los intereses privados en los megaproyectos agroindustriales –principalmente de palma africana–, turísticos, inmobiliarios de alta gama, ganaderos y energéticos.

Este cuerpo de nuevas legislaciones considera estos proyectos “prioridad de interés nacional” y determina que cualquier movimiento que pretenda oponerse sea penalizado como “amenaza contra el interés nacional”.