Zacatecas, Zac. A un año de concluir su mandato, el gobernador David Monreal Ávila envió al Congreso local el decreto para crear la Ley de Educación Superior de la entidad, en el que propone, entre otras cosas, “distribuir la función social educativa del tipo de educación superior entre el estado de Zacatecas y sus municipios”, “establecer criterios para el financiamiento correspondiente al servicio público de educación superior” y “regular la participación de los sectores público, social y privado en la educación superior”.

La Comisión Permanente del Congreso local recibió el proyecto de decreto del gobernador morenista, que en su justificación asegura ser resultado de “un ejercicio de consulta mediante la realización de un foro estatal” para elaborar el proyecto de ley con diversos actores involucrados en la educación superior que operan en Zacatecas.

En ese proceso de consulta, se afirma, participaron 542 personas, se presentaron 73 propuestas y se realizaron 12 reuniones de análisis, coordinadas por una comisión estatal.

Iniciativa plantea criterios para el financiamiento
La iniciativa de ley estatal, que se presenta como una “armonización” con la legislación federal en la materia, consta de 24 páginas. En su Título Sexto, “Del financiamiento de la educación superior”, expone en un capítulo único cuál sería, en caso de aprobarse, la “concurrencia en el financiamiento”.

La legislación nacional vigente en materia de educación superior plantea que los gobiernos federal y estatales deben aportar a cada universidad un presupuesto equivalente a 50 por ciento del total por cada parte, esquema denominado “paripaso”.

Actualmente, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), la institución pública de educación superior más importante del estado, ejerce en 2026 un presupuesto anual de 2 mil 600 millones de pesos, del cual la Federación aporta 76 por ciento, frente a 24 por ciento correspondiente al gobierno de Zacatecas.

La administración de David Monreal Ávila no cumple con la disposición federal. Por ello, en el artículo 53 de su iniciativa propone “dar cumplimiento progresivo, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria, del mandato de obligatoriedad de la educación superior y al principio de gratuidad en la educación”.

Para el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior, establece la iniciativa, “se considerarán las necesidades regionales y locales de la prestación del servicio de educación superior y se sujetará a las disposiciones de ingreso, gasto público, transparencia, rendición de cuentas y fiscalización que resulten aplicables”.