Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este miércoles atraer un amparo con el que se pronunciaría si el Estado mexicano debe indemnizar a personas privadas de su libertad, derivado de la actuación irregular de las autoridades.

El recurso fue promovido por los hermanos Leonardo y Esteban Herminio Islas Martínez, quienes solicitaron una indemnización al Estado por las afectaciones que sufrieron durante un proceso penal en el que fueron condenados a 184 años de prisión por secuestro y delincuencia organizada.

Tras permanecer casi 15 años privados de la libertad, ambas personas fueron absueltas luego de que se acreditaron diversas irregularidades, entre ellas posibles actos de tortura.

La atracción del caso en el máximo tribunal del país fue rechazada por unanimidad de votos de los ministros, por lo que fue devuelto al tribunal colegiado de origen.

Antecedentes
Los quejosos fueron detenidos en 2008 por la entonces Policía Federal, señalados como integrantes de Los Tablajeros, organización vinculada al grupo conocido como Los Zodiaco, que presuntamente lideraba Israel Vallarta.

En 2010 se les condenó a 184 años de prisión por delincuencia organizada y secuestro agravado y en 2012, en apelación, se modificó la pena a 128 años y 6 meses, con un máximo de 50 años de cumplimiento.

En 2022, la SCJN anuló las sentencias al detectar violaciones graves al debido proceso, entre ellas detención ilegal y posibles actos de tortura, por lo que en enero de 2023 fueron absueltos y liberados tras casi 15 años en prisión.

En 2024 solicitaron una indemnización por responsabilidad del Estado por la privación ilegal de la libertad, pero tras un conflicto de competencias entre tribunales, un magistrado declaró improcedente la petición. Los afectados promovieron un juicio de amparo al impugnar esa decisión y denunciar la falta de una legislación que garantice el derecho a ser indemnizados por detención ilegal.

En 2025 un juez de amparo rechazó el reclamo por la presunta omisión legislativa, aunque ordenó dejar a salvo sus derechos para acudir a la vía civil. Inconformes, los quejosos impugnaron la resolución y, en mayo de 2026, un Tribunal Colegiado pidió a la SCJN atraer el caso para definir si el Congreso incurrió en una omisión legislativa y establecer el alcance del derecho a recibir una indemnización por detención ilegal conforme a los estándares internacionales.